INSTALAR ASCENSORES EN BILBAO; LEY PROPIEDAD HORIZONTAL

INSTALACIÓN DE ASCENSORES

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SUBVENCIONES y AYUDAS

 MEDIDA APROBADA POR LA MAYORÍA

  • La instalación de un elevador con el objeto de eliminar las barreras arquitectónicas de las personas con algún género de minusvalía o bien discapacidad es uno de los presuntos comprendidos en el artículo ciento setenta y uno de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), en el sentido de demandar el pacto de la mayor parte de los dueños que por su parte represente la mayor parte de las cuotas de participación.
  • La LPH establece de esta manera un régimen flexible cuando la resolución comunitaria pretende quitar toda complejidad en la movilidad de personas con discapacidad o bien con inconvenientes de accesibilidad.

UN DERECHO PARA LOS MAYORES DE SETENTA AÑOS

  • El término de minusvalía reflejado en la LPH no debe demandarse con rigor formal, sino más bien admitirse en un sentido extenso. Esto es, no se requiere una declaración o bien reconocimiento administrativo que indique la discapacidad y el grado de minusvalía; sería suficiente con que se trate de personas que se hallan impedidas o bien limitadas en su capacidad para caminar o moverse, como ocurre con las personas de edad avanzada.

 

  • Debe tenerse en cuenta múltiples aspectos. Primeramente, la Ley 15/1995, de Límites del Dominio y Eliminación de Barreras Arquitectónicas reconoce el ejercicio de los derechos en ella contenidos a los mayores de setenta años; en segundo término, que una reiterada jurisprudencia de nuestros tribunales ha reconocido estos derechos asimismo a las personas mayores en el campo de la propiedad horizontal; y, finalmente, que el artículo ciento dos de la Ley 51/2003, de dos de diciembre, que reforma la Ley de Propiedad Horizontal, da claramente entrada a los inquilinos de inmuebles mayores de setenta años entre los adjudicatarios de estas medidas.

 

  • Para acreditar este derecho, bastaría, puesto que, con exhibir el documento nacional de identidad, donde consta la edad de nacimiento

UN GASTO COMÚN DE LOS VECINOS

  • Alcanzada la mayor parte cualificada a la que se refiere la Ley, tal como acreditada la existencia de minusválidos o bien impedidos en sentido extenso, el inconveniente se centra en determinar si el costo de la instalación ha de ser asumido por los interesados o bien, aunque, cabe repercutir exactamente el mismo sobre los disidentes.

 

  • De hecho, la más reciente jurisprudencia ha reconocido que cuando la instalación del elevador deriva de un pacto de la junta de dueños (al concurrir minusvalías que afecten a uno o bien múltiples de los dueños, incluso tratándose de una innovación), a efectos legales, esta se transforma y debe ser calificada como exigible.

 

  • El motivo es la redacción actual de la salvedad que contiene el artículo ciento setenta y uno de la LPH con relación a el reconocimiento y la eficiencia de los derechos de los minusválidos. Esta se presenta con notas de imperatividad, en razón a la filosofía y principios que la inspiran, y que la motivan y justifican.

 

  • En otro caso, quedaría vacío el precepto y sometido a los intereses privados, en muchas ocasiones ególatras, desprovistos de buena fe y notoriamente carente de solidaridad, por el hecho de que se antepone al orden constitucional.

 

  • Semeja claro, de esta forma, que satisfacer los derechos de los minusválidos es una demanda social que debe empapar la conciencia nacional y hacer útiles las leyes decretadas a semejantes fines. El artículo ciento doce debe ceder frente al noventa y uno, sobre la contribución comunitaria a los gastos de la copropiedad común. La instalación del elevador tiene que reputarse no solo exigible, sino más bien asimismo precisa y requerida para la habitabilidad y empleo total del inmueble y no simple obra renovadora de mejora. Tratándose de un edificio en altura, la normalización de su disfrute por todos y cada uno de los dueños de esta manera lo impone.

 

  • Cuando hay mayoría cualificada, las personas que hubiesen votado contra el pacto (los disidentes) quedan asimismo obligadas. De esta manera lo apunta de forma expresa la Sentencia del Tribunal Supremo de veintidos de Septiembre de mil novecientos noventa y siete, en una doctrina que ha sido confirmada más tarde.

LAS OBLIGACIONES DE LOS NO ASISTENETES

  • Conforme con el parágrafo quinto del artículo ciento setenta y uno de la LPH, los votos de los no asistentes a la junta (cuando se les ha notificado el pacto y no manifiestan su discrepancia en el plazo de treinta días naturales), se computarán como convenientes para la capacitación de las mayorías y sus consecuencia

 

  • La manifestación de la disidencia, cualquiera que sea la causa aducida (aun contrariedades económicas), solo tiene el efecto de estimar al no asistente, o bien al que la manifestó, como voto negativo. Mas no le exime del gasto, si se alcanza la mayor parte demandada.

 

  • Hay que tomar en consideración que tras la reforma operada por esta Ley, el inciso último del artículo ciento setenta y uno de la Ley de Propiedad Horizontal establece que los pactos «válidamente adoptados conformemente con lo preparado en esta regla fuerzan a todos y cada uno de los propietarios».

 

  • Semeja evidente la pretensión de la ley al remarcar el compromiso o bien obligación que adquieren todos y cada uno de los dueños por el hecho de la adopción del pacto. No obstante, la Ley no establece salvedades a esta regla, con lo que semeja lógico que se esté refiriendo a todo género de obligaciones (artículo noventa y uno de la LPH). Entre ellas están incluyendo las económicas, quizás unas de las de mayor relevancia.

 

  • Si se hubiese querido excluir a los disidentes de la obligación de contribuir al costo de instalación, lo habría establecido de forma expresa, como en la instalación de nuevos suministros energéticos (artículo ciento setenta y dos LPH).

 

  • Para facilitar la capacidad deambulatoria a las personas impedidas, limitadas o bien de edad avanzada de la comunidad, si el pacto se adoptó por la mayor parte del total de los dueños y estos representan más de la mitad de la totalidad de las cuotas de participación, el pacto es válido. Todos y cada uno de los comuneros van a estar obligados, sin salvedades, no solo a permitir la obra, sino más bien a costear el costo de instalación. Esta, como medida de accesibilidad, tiene la naturaleza de precisa o bien requerida para la conveniente habitabilidad del inmueble con relación a todos y cada uno de los dueños que lo habitan.

 LA LEY 51/ 2003, FINAL DEL RECORRIDO

Los planteamientos sobre la accesibilidad y la instalación de un elevador figuran en la reforma de la Ley 51/2003, de dos de diciembre, de Igualdad de Ocasiones, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad, que reforma la LPH. En su nueva redacción, el artículo ciento doce de la LPH dispone que cuando se adopten válidamente pactos para la realización de obras de accesibilidad, la comunidad va a quedar obligada al pago de los gastos todavía cuando su importe sobrepase de 3 mensualidades ordinarias de gastos comunes.

En definitiva, resulta que la accesibilidad en condiciones de igualdad para todos y cada uno de los usuarios del inmueble se ha transformado en entre las condiciones totalmente precisas de las que se tiene que dotar a cualquier inmueble. Por este motivo, la ley arbitra una serie de mecanismos en atención a este interés social que tiene su culminación en la flexibilidad de la que se ha dotado al régimen de pactos recogidos en la Ley de Propiedad Horizontal

 

FUENTE: http://www.comunidadvecinos.com/modules.php?name=News&file=article&sid=119